Abogados cártel de los automóviles

Los periodos de infracción se encuentran entre los años 2006 hasta 2013, dependiendo decada caso.

Las sentencias del Tribunal Supremo de mayo 2021 ratifican la decisión de la ComisiónNacional del Mercado de la Competencia y también de la Audiencia Nacional en laconstatación del cártel, entendiendo que los intercambios de información (objeto de lainfracción) integran o afectan de manera relevante a los precios, aunque no se refierandirectamente a precios finales.

La firmeza de la resolución, por las sentencias del Tribunal Supremo, con el conocimientototal de los infractores, su identidad y el importe de las multas a las que han sidocondenadas, posibilita que el consumidor tenga un mayor conocimiento y de conformidadcon la jurisprudencia del STS 2 de abril de 2014 (RJ 2014/2162), empezaría a contar el diesa quo (aunque en pura teoría, el daño concreto no lo tenemos cuantificado).

Por tanto, hay un plazo de 5 años para las demandas, que deberán presentarse ante losjuzgados mercantiles de las capitales de provincia donde se hayan firmado lascompraventas.

El que inició el procedimiento dando información es SEAT, S.A., junto con las empresas desu grupo, en el año 2013.
SEAT, S.A., VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A. y PORSCHE IBÉRICA, S.A., quedan eximidas delpago de la multa que le corresponde por su participación en la conducta infractora.siete (7) bancos infractores, con independencia del banco con el que tenga concertado su producto.

Se aplica la misma teoría que en los demás carteles, es decir la Directiva dedaños y el Decreto de transposición 9/2017 de 26 de mayo. Además, teniendo en cuentaque en este caso la Decisión de la Comisión es de 2015, posterior a la propia directiva, lafirmeza se consigue en el 2021.Cuadro de amortización del producto que refleje las cantidades pagadas.

Por tanto, tenemos la presunción iuris tantum directa que puede ser enervada por losdemandados si prueban que no hubo daño. Es por ello que alegarán con mayor virulenciaque hubo intercambio de información pero no aumento de precios.

Por todo ello, es necesario un dictamen pericial que cuantifique el porcentaje de incremento de precios en la venta de los vehículos de cada una de las empresas infractoras ya que se ha roto la incertidumbre del mercado (libre competencia). El dictamen pericial deberá constatar el aumento de precios al consumidor final.
Este porcentaje debería rondar sobre el 20%, aunque la rebaja de los jueces la tenemos asegurada.
También podría pensarse en un dictamen con el método científico econométrico.

Todo el territorio español. También habría una pequeña incidencia en el espacio intracomunitario.

Coches nuevos y usados, recambios, accesorios, actividades y servicios post-venta a través de las redes comerciales. Por tanto, el mercado afectado es el de la distribución y comercialización de los automóviles en España.
El mercado es enorme: entre 2006 y 2013 habrá una cifra de 6-8 millones de vehículos vendidos en España.

Puede ser cualquier ciudadano, español o extranjero, que haya comprado un coche en España a unas de las empresas infractoras, y consecuentemente, sancionadas, podrá reclamar ante los tribunales españoles independientemente de que posteriormente el vehículo se haya vendido.

Empresas infractoras. Todas ellas podrán tener la categoría de demandadas por los coches que hayan vendido durante el periodo infractor.
Tienen solidaridad propia, declarada ex lege, que permite que se pueda demandar a una sola empresa de todas las declaradas como infractoras. La misma se determinará en función de lo que más nos convenga a efectos de emplazamiento, solvencia y cobro una vez ganado el pleito, con independencia del tipo y marca del vehículo.

La demanda la presenta el comprador indirecto del fabricante (el comprador del coche) contra el fabricante (infractor fabricante de vehículos). El comprador directo no se le demanda ya sea concesionario o una tercera empresa.
Si fuera el caso que una misma empresa infractora sancionada fuera la vendedora podría plantearse una demanda por culpa contractual, cosa que se verificará en cada caso, pero en principio se ha sancionado a los fabricantes de automóviles.

La información que se requerirá a los clientes es el contrato de compraventa del vehículo (ya sea de primera o segunda mano o a través de leasing) o el documento que acredite el pago.

DOC 1. Resolución CNMC de 23 de julio de 2015
DOC 2. Nota de prensa emitida por la CNMC de 28 de julio de 2015
DOC 3. STS nº 1795/2021 de 20 de abril. CITROEN
DOC 4. STS nº 1878/2021 de 6 de mayo. RENAULT
DOC 5. STS nº 2019/2021 de 6 de mayo. VOLVO
DOC 6. STS nº 2020/2021 de 13 de mayo. URBAN SCIENCE ESPAÑA
DOC 7. STS nº 2040/2021 de 13 de mayo. FIAT
DOC 8. STS nº 2047/2021 de 13 de mayo. FORD
DOC 9. STS nº 2021/2021 de 17 de mayo. HYUNDAI
DOC 10. STS nº 2286/2021 de 31 mayo. BMW
DOC 11. STS nº 2341/2021 de 31 de mayo. SEAT
DOC 12. STS nº 2439/2021 de 7 de junio. NISSAN