Principales modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital incluidas en el proyecto de Ley para la mejora de Gobierno Corporativo.

Los líderes de la Unión Europea y del G-20 coinciden en señalar que la complejidad en la estructura de gobierno corporativo de determinadas entidades, así como su falta de transparencia e incapacidad para determinar eficazmente la cadena de responsabilidad dentro de la organización se encuentran entre las causas indirectas y subyacentes de la reciente crisis financiera,  lo que ha provocado que tanto entidades financieras como empresas de carácter no financiero se hayan visto afectadas por la asunción imprudente de riesgos, por diseño de sistemas de retribución inapropiados, así como por la deficiente composición de los órganos de dirección y administración.

El objetivo final del Proyecto de Ley es el de conseguir conducir a las empresas españolas a las máximas cotas de competitividad; generar confianza y transparencia para con los accionistas e inversiones nacionales y extranjeras, asegurando a su vez la adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades en las empresas, desde una perspectiva de máxima profesionalidad y rigor.

Las principales modificaciones que plantea el Proyecto de Ley a la Ley de Sociedades de Capital son las siguientes:

Mayor protagonismo de la Junta de accionistas en la gestión de la sociedad: Se permite a la Junta impartir instrucciones de gestión salvo disposición contraria de los estatutos, además se le atribuye a la Junta la decisión sobre operaciones en las que el volumen supere el 25% del total de activos del balance, también aprobará la política de remuneraciones con carácter vinculante, al menos cada tres años.

En cuanto a la impugnación de acuerdos sociales, desaparece la distinción entre nulos y anulables, se establece el único plazo de impugnación a un año, y en cuanto a la legitimación se reduce el % minino al 1 % del capital para poder ejercer la acción de impugnación en las sociedades no cotizadas, en las cotizadas se exigirá un 1 por mil. Se propone extender que en los casos muy claros de conflicto de interés entre accionistas se prohíba el voto del socio que resulte beneficiado.

En el caso de las competencias de la Junta General de Accionistas de las sociedades cotizadas, el número máximo de acciones que se podrían exigir para poder asistir a la Junta general desde el uno por mil a 1.000 acciones.
El cargo de administrador deberá ejercerse por un periodo máximo de cuatro años, frente a los seis actuales, se tipifican de forma más precisa, los deberes de diligencia y lealtad y los procedimientos que se han de seguir en caso de conflicto de interés. En las competencias del consejo de administración, se hacen indelegables facultades dentro de la política de control y gestión de riesgos.

En las sociedades cotizadas se establecerá un objetivo de representación en los consejos de administración para el sexo con menos presencia, con el fin de que las empresas eleven el número de mujeres en sus consejos.

En cuanto a la retribución de los consejeros, en el aspecto general el sistema de remuneración deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo. Asimismo se clarifica el régimen de retribuciones por el ejercicio de facultades ejecutivas de los consejeros delegados. En esos casos, se deberá firmar un contrato con el consejero que incluirá los distintos conceptos retributivos. Se aprobará por una mayoría cualificada del consejo y la abstención de los interesados.

Como otras modificaciones menores, se obliga a publicar en la memoria de las cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores.  Las sociedades que no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán además esta información en su página web.

Como conclusión observamos la pretensión de ejercer un mayor control sobre los administradores y altos cargos, mediante, entre otras medidas, un mayor protagonismo de la Junta de accionistas, y una organización que permite esclarecer con facilidad la cadena de responsabilidad, con el fin de no recaer en algunos de los múltiples factores que nos llevaron a la crisis económica actual.