La ambiciosa reforma del Código Penal, un ramillete de novedades delictivas entre las que destaca los delitos contra la propiedad intelectual

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó el pasado mes de septiembre el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal más profundo de los realizados hasta ahora, al incluir una revisión del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia. El texto se adecúa, a las conductas delictivas del siglo XXI a través de una revisión técnica de un número importante de delitos, entre los que sobresalen los cometidos por los titulares de las webs de enlaces que vulneran la propiedad intelectual.

Además de los delitos contra la propiedad intelectual la Reforma contempla la creación de un nuevo delito contra la financiación ilegal de los partidos políticos, establece la prisión permanente revisable para los homicidios terroristas, se equiparará la pena de homicidios para los delitos de detención ilegal con desaparición, será castigado con hasta un año de prisión la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con consentimiento de la víctima pero sin autorización para su difusión, se tipifican las conductas de obstaculización de la ejecución y ocultación de bienes, entre otras muchas novedades.

Como hemos comentado al principio el Proyecto de Ley tipifica como delito, con penas de hasta 6 años de prisión,  la conducta que facilite el acceso o la localización de obras protegidas ofrecidas ilícitamente en internet mediante enlaces que vulneran la propiedad intelectual.

El juez podrá ordenar su retirada e incluso el bloqueo del portal, aunque esta medida se podrá adoptar “de manera excepcional”. Las conductas delictivas tipificadas no afectan a quienes desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser, entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros.

Se considerará, asimismo, relevante para determinar la conducta delictiva el “nivel de audiencia en España” del medio a través del cual se facilite el acceso al contenido o el “volumen” de obras protegidas.

En definitiva, el Gobierno, consciente de que criminalizar a los usuarios haría inviable la represión de estas conductas, basa su estrategia de protección penal de la propiedad intelectual en la persecución de aquellos que se lucran con estas prácticas haciendo de la piratería un negocio en perjuicio del derecho de explotación exclusiva de los titulares de obras protegidas.

El Proyecto todavía tiene un largo recorrido parlamentario por delante y es difícil saber cuál será el resultado final de la reforma. Según parece, el Gobierno está decidido a acabar con el mercado de productos piratas castigando todas aquellas conductas que permitan a los usuarios acceder a los mismos, estrechando su cerco sobre los infractores hasta terminar, de una vez por todas, con el tráfico ilegal de contenidos protegidos por la propiedad intelectual.

Para ampliar información y consultar acerca de las implicaciones que tiene la citada ley en el marco empresarial, pueden contactar sin compromiso alguno con nosotros en los datos que obran en el pie de esta noticia.