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La suscripción de hipoteca por los miembros de la pareja de hecho

Ante la ausencia de normativa estatal que regule las parejas de hecho en España, han sido las autonomías las que han regulado las circunstancias relativas a estas uniones de carácter estable extramatrimoniales.

La necesidad de adaptación del Derecho a las nuevas realidades sociales supone la aparición de una gran cantidad de normativa por diferentes puntos de España, centrándonos en la Comunidad de Madrid, las parejas de hecho se encuentran reguladas por la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de hecho.

Podemos entender como pareja de hecho aquella relación sentimental continuada y duradera de dos personas con independencia de su sexo, de forma libre, pública y notoria. Una de las resoluciones que tienen especial relevancia en relación a la materia es la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 81/2013, de 11 de abril, la cual anula la Ley de Madrid, 11/2001, de 19 de diciembre, de parejas de hecho, que regulaba en la comunidad autónoma de Madrid los pactos patrimoniales de la pareja de hecho.

En el presente artículo se centra en analizar las circunstancias que pueden rodear a las uniones extramatrimoniales en relación a la suscripción de la hipoteca de forma común y su forma de pago. Son muchos los casos en los que una pareja de hecho decide suscribir una hipoteca y convivir en el inmueble cubierto por ésta. A menudo, los problemas derivados de la convivencia suponen la ruptura sentimental y los consiguientes conflictos a la hora de hacer frente al pago de las obligaciones, una de ellas las mensualidades del préstamo hipotecario.

La pareja de hecho, por lo común, adquiere un inmueble por mitades e iguales partes indivisas, y posteriormente las mensualidades de la hipoteca se sufragan abonando cada uno el 50% de las mismas. La casuística pone de manifiesto que ese deber por parte de los dos miembros, en abonar cada uno la parte que le corresponde, no supone la separación en sus vidas de todos los gastos al 50%, ni la separación de las ganancias, ya que diariamente conocemos casos en los que se sucede la puesta en común de ganancias para por ejemplo amueblar el piso o comprar un coche. De este modo, la pareja de hecho tiene la posibilidad de crear un acervo común, el cual necesita para su evidencia de algo más que la apertura de una cuenta bancaria con titularidad conjunta, sino además, de una contribución a este acervo, a través del ingreso de sus nóminas en la cuenta común o como hemos mencionado, a través de costear los muebles del piso conjuntamente, comprar un coche, ahorrar dinero para hacer viajes o regalos o abonar por tan solo un miembro de la pareja el préstamo hipotecario debido a las dificultades económicas que atraviesa el otro.

Surgen problemas cuando con posterioridad a haber construido una vida en común, se produce la ruptura sentimental y de la convivencia, sucediendo el reclamo, dentro de la pareja, del porcentaje de esas mensualidades de la hipoteca que el miembro de la pareja solvente abonó en su día y que no le correspondía a él.

Con independencia de cuál de ellos haya seguido residiendo en la vivienda común, en teoría, aquellas mensualidades deberían sufragarse al 50% por cada miembro de la pareja de hecho, sin embargo, existe jurisprudencia que avala que la persona que en su día abonó la integridad de las mensualidades hipotecarias mientras convivían, no pueda reclamar al otro miembro el pago su parte correspondiente (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 6 de octubre de 2015). Si de la conducta continuada y duradera de la pareja de hecho, denominada por la jurisprudencia como relación “more uxorio”, puede derivarse la intención de contribuir a la creación de un acervo común, poniendo en común de forma inequívoca, todos o algunos de los bienes adquiridos con sus ganancias o trabajo durante la convivencia, aquellas mensualidades que el miembro solvente abonó, no podrán ser reclamadas a su pareja.

Ahora bien, cuando la convivencia sentimental finalice, la exención del pago por el miembro que no abonó las mensualidades ya no operará, y se encontrará obligado al pago del 50% que le corresponde sufragar, ya que tal exención estaba motivada por la contribución al acervo común y por las labores domésticas y el cuidado de los hijos por parte de uno de los miembros  (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de abril de 2015).

Sin embargo, después de tener en cuenta todo lo dispuesto por las anteriores sentencias, nos asaltan distintas preguntas, ¿cuál será el resultado en el caso de que uno de los miembros de la pareja pague la totalidad de la mensualidad del préstamo debido a que el otro miembro no es solvente? ¿Y si hubiera concurrido un pacto entre los mismos para abonar más tarde la cantidad que le debe de la mensualidad del préstamo, cómo demostrarlo?

De todo lo anterior podemos extraer el retraso del legislador a la hora de adaptarse a los cambios sociales, pues en relación a las parejas de hecho una normativa de carácter nacional que unifique criterios, recogiendo además jurisprudencia tan consolidada como la mencionada, contribuiría enormemente a la resolución de conflictos de las uniones no matrimoniales. Es destacable también, que la convivencia de dos personas y enlace de su tiempo, patrimonio y proyectos de futuro, no es nada trivial y que lo forjado en el día a día con el compromiso con otra persona supone asumir una responsabilidad independientemente de que no hayamos firmado ningún documento al efecto.

La celebración de la vista en el procedimiento de desahucio, ¿es obligatoria después de la reforma de la LEC?

Una de las reformas que contempla la Ley 42/2015, de 5 de octubre, afecta al artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que con posterioridad a la admisión de la demanda se dará traslado de la misma a la parte demandada, la que contestará por escrito en el plazo de diez días, de acuerdo a lo establecido para el juicio ordinario, y según lo recogido por el punto 4 del mencionado artículo, tanto demandado como demandante deben pronunciarse acerca de la pertinencia de la celebración de la vista. Bastará con que una de las partes lo solicite para que se celebre la pertinente vista.

Para que dicha modificación pueda operar coherentemente, el resto de artículos referidos al juicio verbal, y más dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deben guardar una correlatividad, un engranaje jurisprudencial que para ser acorde al principio de seguridad jurídica, se encuentra obligado a disponer con exactitud de cuáles son los términos en los que el proceso puede continuar. Tal apreciación no se cumple con rigurosidad, debido a la falta de cohesión del artículo 438 ya citado, y el 440.3 de la misma Ley (no afectado por la reforma), puesto que en relación a la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, regulada en este último artículo, el trámite a efectuar con posterioridad a la admisión de la demanda entra en contradicción.

Según el artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con posterioridad a la admisión de la demanda la parte actora dispondrá del plazo de diez días para contestar por escrito, con posibilidad de celebrar vista o no, novedad que no se refleja en el artículo 440.3, según el cual una vez se ha admitido la demanda, el secretario judicial requiere al demandado para que con anterioridad al señalamiento de la vista, en el plazo de diez días, éste desaloje el inmueble y pague al actor (cabiendo la enervación) o formule oposición de forma verbal, la cual incluye necesariamente de una vista. Es con la última posibilidad que permite el artículo 440.3, consistente en la formulación de la oposición, cuando se manifiesta la falta de encaje de los dos artículos, puesto que, si el artículo 440.3 LECiv se hubiera adaptado a la reforma, en caso de oposición al desahucio, ambas partes deberían tener la posibilidad de manifestarse acerca de la conveniencia de la celebración de la vista.

Por lo tanto, el artículo 440.3 LECiv constituye una excepción a la reforma del artículo 438, con la salvedad de que apliquemos éste último por analogía. ¿Estaremos finalmente facultados para solicitar la no celebración de la vista en la oposición al desahucio?, pregunta que evidencia una incertidumbre procesal.

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